Cuatro son hasta el momento las demandas civiles que igual número de funcionarios y políticos cercanos al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta han promovido en contra de quien esto escribe como columnista de e-consulta y representante legal de Consultoría Contracorriente, reclamando en conjunto 20 millones de pesos por indemnizaciones.

Las cuatro demandas presentadas y notificadas cronométricamente son por el supuesto daño moral que mis columnas han causado al diputado Gabriel Biestro Medinilla, al subsecretario de Movilidad y Transportes, Seth Yassir Vázquez Hernández, al director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, y al subsecretario de Administración, Juan Pablo Cortés Córdova.

Casualmente los cuatro demandantes tienen el mismo cuerpo de abogados encabezado por Florencio Madariaga Granados, ex sub procurador chiapaneco detenido en febrero de 2006 en Madrid, España, acusado de malversar 900 millones de pesos  y por Roberto Morales Torres, quien en 2017 fue representante del ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, cuando éste demandó al activista Horacio Culebro Borrayas precisamente por “daño moral”. 

En todos los casos, los funcionarios y políticos barbosistas solicitan a los juzgados primero, segundo, tercero y cuarto en materia civil embargos precautorios de mis bienes, propiedades, cuentas bancarias y de inversiones, así como los de la empresa propietaria del periódico digital que dirijo, para garantizar la reparación de supuesto daño moral que les provoqué.

Todos sin excepción, argumentan apoyándose en peritajes realizados por el mismo psicólogo José Luis Guillén Gordillo, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que mis críticas han alterado su vida privada y entorno familiar, acarreándoles descrédito, insultos y violencia callejera y una perturbación injusta en su persona que se traduce en disgusto, desánimo, angustia, y padecimientos emocionales o psicológicos en su estado de ánimo.

Por el daño psicológico, que según los funcionarios y políticos barbosistas les causaron mis publicaciones, afectando su honor, fama pública, futuro político e ingresos económicos, cada uno me reclama una reparación económica de cinco millones de pesos.

Dicha indemnización fue cuantificada, en los cuatro casos, también por el mismo perito Guillermo Alfonso Ponce Yépez, supuesto experto en materia de comunicación y redes sociales con maestría en Ciencias Penales y especialidad en el área de criminalística.

El cálculo de la reparación del daño resulta controvertido, por no decir arbitrario y discrecional, a juzgar por las evidentes diferencias que hay entre los personajes, por los supuestos agravios que unos y otros reclaman, el número de publicaciones y por lo disímbolo de cada caso.

¿Se prestarán los jueces del Poder Judicial Poblano a conceder este embargo?

LAS DEMANDAS

La primera demanda por daño moral fue interpuesta el 20 de enero por el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Gabriel Biestro, uno de los políticos locales de Morena más cercanos al gobernador Barbosa.

Biestro me acusa de mentir y de publicar información falsa respecto a la documentación con la que acreditó ante las autoridades electorales su calidad de poblano, como avecindado de la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla de San Pedro Cholula, para participar como candidato de Morena a diputado local.

Tanto el diputado José Juan Espinosa Torres como el entonces secretario general del ayuntamiento cholulteca, Ignacio Molina Huerta, han reconocido como auténtica y verdadera la certificación que publiqué, amén de que Biestro jamás ha vivido en esa casa que es el domicilio particular del ex presidente municipal de San Pedro Cholula. Al día siguiente de la demanda del diputado Gabriel Biestro, es decir, el 21 de enero, se presentó la segunda a cargo de Seth Yassir Vázquez Hernández, subsecretario de Transporte y Vías de Comunicación, y uno de los coordinadores de campaña de Miguel Barbosa en las elecciones extraordinarias para gobernador de 2019.

Este político de origen chiapaneco se duele de que lo llamé fuereño, cuestioné sus conocimientos y experiencia profesional en materia de transportes y su nombramiento como subsecretario, no obstante haber sido sancionado por la Auditoría Superior de la Federación por daño patrimonial por obras realizadas en su gestión como presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez.

En la columna de referencia  publiqué las pruebas y los documentos donde consta la resolución definitiva de la ASF. 

No deja de resultar extraño que este ahijado político del ex gobernador Juan Sabines, actual cónsul en Orlando y con quien Barbosa tuvo una estrecha relación cuando fue delegado del CEN del PRD en aquella entidad, me haya demandado a mí y no a otros medios y colegas de Puebla y Chiapas que han replicado mis columnas y abundado en el tema con mayores detalles, antes y después de mis publicaciones.

Para muestra les dejo aquí los links de varias publicaciones:

Letras Desnudas / * Aves de rapiña | #VillaFlores.Com.MX …

Letras Desnudas / * Millonarios sexenales – VillaFlores.Com.MX!

EL ASESOR DE LA CUARTA

Yassir, el protegido / Código Nucú

¡Aguas! Yassir Vázquez va por Puebla

El tercer juicio civil lo promovió el director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, amigo y compadre del gobernador Miguel Barbosa, y recomendado de uno de los principales operadores políticos y electorales del mandatario estatal Eric Cotoñeto Carmona.

Mi demandante me reclama una indemnización de 5 millones por haber cuestionado su nombramiento, pese al escándalo en que se vio envuelto en 2016, acusado por un adolescente de pedirle fotos de su órgano sexual.

Las evidencias de este espinoso asunto son muchas y datan de hace cuatro años.

La cuarta demanda corresponde al subsecretario de Administración y ex representante de Morena ante los órganos electorales en las dos campañas de Miguel Barbosa como candidato a gobernador, Juan Pablo Cortés Córdova.

El daño moral que supuestamente le causé a este funcionario proviene de mis críticas a las licitaciones que ha realizado la Secretaría de Administración, entre ellas la compra de equipo e instrumental hospitalario de origen chino y paquistaní, que estaba expresamente prohibido, y la alteración del acta del fallo de ese concurso subida a Compranet. 

Mi demandante sostiene que los documentos que he publicado son falsos y que mis columnas le han provocado depresión y daños psicológicos que sólo pueden atenuarse con un pago de cinco millones de pesos y la destrucción de los archivos o registros electrónicos de mis publicaciones en internet.

Así la libertad de expresión en Puebla, en tiempos de la Cuarta Transformación.

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